El Observatorio de Derecho Informático Argentino tuvo acceso a datos oficiales acerca del polémico dispositivo de reconocimiento facial. “No es que el sistema funciona mal y entonces pone en riesgo a la gente. El hecho de su existencia pone en riesgo a la gente”, manifestaron.
El sistema de reconocimiento facial es uno de los grandes pilares del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia de seguridad, y fue uno de los temas destacados durante la campaña que lo condujo a la reelección. Pero el sistema sigue originando fuertes cuestionamientos en relación a los derechos. Días pasados, una entidad presentó una acción judicial para declarar su inconstitucionalidad. En la actualidad, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) dio a conocer datos oficiales obtenidos a raíz de un amparo: pese a que el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli afirmó que «las pruebas tienen el 95% de acierto», datos oficiales reflejan que fue menor al 50%.
“Lo más preocupante es que el nivel de eficiencia que decían que tenía el sistema en realidad no es así, según la respuesta de ellos. Hasta agosto había 3059 alertas y para fines de julio habían puesto a disposición de la Justicia a 1337 personas. Una eficiencia menor al 50%. Es decir que lo más probable es que la persona que vayan a detener no sea la persona buscada y con pedido de captura”, dijo el letrado Víctor Castillejo, abogado de la asociación civil ODIA, en diálogo con la prensa. Cabe destacar situaciones como la de un masculino que pasó casi una semana preso por error, o una dama que fue detenida por su parecido con una prófuga.
El Observatorio de Derecho Informático Argentino fue gestado hace aproximadamente un año y está conformado por abogados e informáticos que manifiestan preocupación dado que “hay una separación muy grande entre lo que la ciudadanía entiende como tecnología y sus efectos prácticos en los derechos de las personas”. Una de sus principales iniciativas apuntó a conocer más sobre la forma de reconocimiento facial tan popularizado por Larreta y Santilli.
“Lo que nos sorprendió es que el 3 de abril se anunció y a los 20 días ya lo estaban usando. Pese a que hay cuestiones profundas que tienen que ver con la seguridad, con datos sensibles. Así como uno tiene la huella dactilar, todos los puntos que toma la cámara de la cara son como la huella. Es un dato sumamente sensible. Alguien con acceso a esa información puede usar esos datos para uno vaya a saber qué. Suena fantasioso, pero si uno lo piensa de manera profunda, el mundo cambia año a año y hay cosas que hace 10 años eran impensadas”, advirtió Castillejo. Y agregó: “Ahora con el desarrollo de la tecnología, cualquier pequeño dato que le saquen a uno puede tener implicancias. No lo decimos nosotros, es una situación sobre la que varios organismos internacionales llamaron la atención”.
“Si este supuesto sistema es por inteligencia artificial y automatizado, ¿por qué tiene que tener 114 personas autorizadas? Cualquier dato patronímico es importante. Si hay 114 personas con acceso a esos datos, ¿cómo aseguran ellos que esos datos no se van a filtrar? Me parece una locura, desde el punto de vista de seguridad informática e institucional”, apuntó el abogado.
“No quieren responder sobre las expresiones abstractas que figuran en el pliego. ¿Qué parámetros utilizan para decir que una persona está en actitud sospechosa? Nos preocupa eso”, sostuvó Castillejo. Y puntualizó: “No es que el sistema funciona mal y entonces pone en riesgo a la gente. El hecho de su existencia pone en riesgo a la gente. No le dijeron a la ciudadanía que era una cuestión de vigilancia, pero el sistema ya está en la calle”.
“Para atacar en todos los frentes y tratar de evitar que siga siendo implementado el sistema de reconocimiento facial, por poner en peligro a la ciudadanía”, concluyó.
