La Justicia porteña ordenó al GCBA que asegure una internación domiciliaria a un menor con discapacidad

La Justicia de la Ciudad ordenó al Gobierno porteño que proceda con la externación de una niña de seis meses en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand y a que asegure  su internación domiciliaria en el hogar de sus padres, con todos los equipos y recursos humanos necesarios para salvaguardar la salud de la menor.

El día 6 de octubre, el magistrado Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado N° 18 del fuero Contencioso Administrativo y  Tributario, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que proceda, en el plazo procesal de cinco días, a la externación de una menor que se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del “Hospital Durand” y que asegure en el mismo plazo, “lugar que deberá contener equipamiento y recursos humanos  necesarios según las condiciones fijadas por  el médico tratante, incluso en caso de ser necesario apelando para ello a los recursos del sector privado a costa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. Asimismo, el juez intimó a la obra social Unión Personal Civil de la Nación a que en el plazo de cinco días informe por escrito el temperamento a adoptar en referencia a los problemas de salud de la niña en cuanto a la internación domiciliaria solicitada.

La orden del juez fue en el marco de una medida cautelar caratulada “Orlando Sergio Javier u Otros Contra GCBA Sobre Amparo – Salud-Internación” e iniciada por los progenitores de la menor de seis meses de edad, quien, a raíz de  complicaciones en el parto, desde el día 3 de junio se encuentra internada en la terapia intensiva pediátrica de dicho hospital público, ya que sufre de “secuela neurológica de depresión grave al nacer, en asistencia respiratoria mecánica, traqueostomizada, alimentada por sonda nasogástrica presentando status convulsivo, en seguimiento por kinesiología, neurología neonatología, etc.”.

Entre los fundamentos expuestos, el magistrado indicó que “tal como lo ha sostenido la Corte, el derecho a la salud constituye un valor primordial de nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reconocido en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc, 22)”“A lo que debe agregarse las especiales particularidades del presente caso ya que la cuestión involucra a una menor de seis meses de edad, discapacitada, con graves  padecimientos de salud, respecto a quien resultan operativas las previsiones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (también con jerarquía constitucional), que establece la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas necesarias con el fin de contribuir a garantizar el derecho de todo niño”, sentenció.

En materia local, el juez hizo mencionó el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el que establece que la Ciudad “asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas…” y del artículo 39, el que dispone que “la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, les garantiza su protección integral… y se otorga prioridad dentro de las políticas públicas…”.

En definitiva, el juez dio por presentado y acreditado el cuadro clínico de gravedad que presenta la niña, su diagnóstico y discapacidad, la situación en la  que se encuentra de poder egresar de la Unidad de Terapia Intensiva, además de las solicitudes de internación domiciliaria de su médico tratante y la falta de respuesta de la obra social ante los requerimientos, a pesar de estar a afiliada. “Nótese que de continuar en la unidad de terapia intensiva se expone potencialmente a la menor al contagio de alguna infección intrahospitalaria que agravaría su delicado estado de salud y arriesgaría su vida”, dijo.

Debe también tenerse en cuenta que se encuentra en juego el derecho a la salud y a la vida de una menor discapacitada y que la Constitución de la Ciudad garantiza la gratuidad de la acción de amparo (art.14), así como que el acceso a la justicia no puede ser limitado por razones económicas (art.12, inc.6)”, expresó el juez.