El Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Nación nace con el destino de sanar una urgente necesidad de cambio en nuestra legislación Nacional; éste Código de forma viene precedido de la cruda realidad que se vive hoy en día a nivel mundial que es la búsqueda de mayor represión con internas que se crean con fines electoralistas hasta un clientelismo coyuntural de base. Aquí la graduación de la conflictividad social oscila entre los límites que alcanza el poder punitivo y las dignidades de la persona humana, entendiendo que la estratificación social se halla cada vez más marcada traduciéndose en episodios de violencia e inseguridad sumado a episodios de corrupción a nivel global. Para aportar orden y claridad en medio de tanta confusión y dispersión de criterios contrapuestos, la codificación exige completividad, orden sistemático en las disposiciones y claridad en el lenguaje logrado con la mayor exactitud en la técnica legislativa que se utiliza.
En éste Proyecto el primer cambio que se concibe es contemplar la vía desde un sistema inquisitivo a uno acusatorio, partiendo de ésta base el proceso comenzará con la investigación preparatoria que realizarán los fiscales que no podrá prolongarse más de un año; se les da la opción a los fiscales de poder decidir que causas son merituables investigar y cuáles no, salvo las referidas a violencia de género, discriminación y causas contra funcionarios. En la preparación del juicio se decidirán qué pruebas se tendrán en cuenta, y la totalidad del proceso no podrá ser mayor a 3 años. Otro cambio es que prevé varias opciones antes de llegar a la detención, entre ellas la promesa del acusado de someterse al proceso, que entregue sus documentos, que se presente todos los meses en el juzgado, vigilancia electrónica y arresto domiciliario.
A su vez, las víctimas sin ser querellantes deberán ser escuchadas, protegidas, se les deberá informar en lo relativo al proceso, podrán intervenir inclusive en audiencias previas a la libertad del condenado por el delito de que fueran víctimas y también seguir con la acción privada en el caso de que el fiscal desistiera de la pública. La idea es reforzar en el proceso el papel que juegan tanto los jueces, como los fiscales y las víctimas. Las causas no prescribirán y los jueces que no cumplan con lo estipulado serán sancionados gravemente.
En cuanto a plazos, la instrucción se realizará como máximo en un año y el juicio oral entre 5 y 30 días de terminada la investigación. Asimismo el Proyecto contempla la situación de los extranjeros que se encuentran en el país de manera irregular y cometan delitos, serán expulsados y no podrán ingresar en un máximo de 15 años.
Cada reforma requiere un esfuerzo legislativo supremo, la responsabilidad que conlleva es social y el respeto por el orden público y la coherencia política de las decisiones que se implementan deben favorecer a la sociedad que las estimula.
Los cambios son siempre buenos porque redundan en transformaciones, lo estático no fructifica, lo dinámico contribuye. Que las decisiones sean a conciencia debe ser el valor por el que todos debemos bregar.

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