La Justicia de la Ciudad ratificó que la actividad de Uber no constituye ninguna contravención

El tribunal de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad estableció la legalidad de la actividad de Uber.

El fallo, que fue suscripto por los magistrados Sergio Delgado, Jorge Atilio Franza y José Saez Capel el día 7 de mayo y que tomó conocimiento público en las últimas horas, determina que la actividad de la empresa no representa ninguna contravención, todo ello después que la fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusaba que operaba en forma «ilegal«.

El fallo  de la Cámara, por otro lado, revoca las condenas impuestas contra Uber Argentina S.R.L. y sus directivos por el supuesto «uso lucrativo del espacio público sin autorización» y ratifica la absolución por la «violación de clausura», un hecho que se le había imputado a la compañía por haber continuado prestando el servicio aún cuando la Justicia Porteña habría determinado el bloqueo de la aplicación.

En la sentencia del 21 de septiembre del año pasado, el magistrado Ladislao Endre, que está a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, había condenado a la empresa y su CEO, Mariano Otero, a abonar multas de $60.000, y además, a dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad que estuviera relacionada con el transporte de pasajeros dentro de la Ciudad, al determinar que organizaban actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. En esa oportunidad  el juez absolvió a otros dos ejecutivos de la empresa, Fernando Cao y Diego Mariano Oliveira, en referencia a la «violación de clausura», lo que fue ratificado nuevamente en ésta última sentencia.

En los fundamentos de la sentencia, el juez Delgado expresó: «No usa indebidamente el espacio público, en mi opinión, realizando una actividad lucrativa no autorizada, quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas al tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron el transporte».

A la vez, recordó que «está permitido que cualquier conductor transite con su vehículo particular o el que le ha sido encomendado por las calles y avenidas libradas al uso automotor con o sin pasajeros», el juez Delgado también sostuvo que: «Si algunos conductores lo hacen prestando el servicio público de taxi o de remises, deberán hacerlo con la habilitación y licencias respectivas. Pero de no hacerlo, no estarán usando ilegalmente el espacio público sino infringiendo las normas que impiden tales actividades sin licencia o habilitación».

Asimismo, el juez Franza recordó que en oportunidades anteriores se refirió a la supuesta ilegalidad de la actividad de Uber. «Sostuve que más allá de la moderna forma que pretende implementar la firma de acceder al servicio a través de una aplicación mediante internet, lo cierto es que se trata de una actividad económica de transporte legalmente regulada y por lo tanto, no puede funcionar hasta tanto no sea autorizada por la ciudad», manifestó en forma minoritaria.

A modo de fundamentar su postura a favor de la absolución de los directivos acerca de la violación de clausura, el juez camarista expresó: «Extender el término clausura al bloqueo de un sitio de internet es extender el significado de dichas palabras (lugar, ámbito, establecimiento, local), aplicar analogía y por sobre todo hacer dicha interpretación en perjuicio de los imputados. En consecuencia puede afirmarse que la conducta imputada resulta a todas luces atípicas«.

En la misma dirección que el juez Delgado, el camarista Saez Capel dijo: «La falta de habilitación o permisos de cada vehículo que participa en la actividad comercial desarrollada por Uber debe evaluarse en cada caso en particular y, en ocasión de verificarse su ausencia, no es la contravención aquí imputada la que reprime la conducta a reprochar».

En tanto por la violación de clausura, aclaró que «corresponde declarar la prescripción de la acción«, un pensamiento que compartió Delgado. Y dijo: «El titular de la acción le atribuyó a Uber Argentina SRL y a Mariano Xavier Otero le hecho de fecha 23 de abril de 2016, ocasión en la que habría violado la clausura judicial impuesta, sin que se verifique hasta el momento en que se dio inicio a la audiencia del juicio (22/8/2018), ninguna de las causales de interrupción o suspensión». Por lo tanto, dijo: «antes de que se diera inicio al debate oral y público, la conducta ya se encontraba prescripta».

Desde la empresa Uber interpretan que «de esta forma pierde todo sustento legal la orden de bloqueo de tarjetas de crédito«, ya que la medida fue determinada en el marco de la supuesta contravención que la Cámara indicó como inexistente. Lo mismo dijeron sobre el «ajuste fiscal» de la AFIP. Es que el organismo recaudador había dispuesto que Uber tiene una deuda con el Estado en materia de tributos y cargas sociales por aproximadamente $358.700.000. Esto se infiere de una deuda de $147,4 millones de IVA y Ganancias y de $211,3 millones de impuestos a la seguridad social.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires entiende que Uber Argentina S.R.L. y sus directivos no cometieron ninguna de las contravenciones por las que fueron acusados; no utilizaron el espacio público de forma  indebida para actividades lucrativas sin autorización; ni violaron ninguna cláusula al continuar prestando el servicio aún a pesar de una orden de bloqueo del sitio web, una  orden que además fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia el año pasado.

Las contiendas de Uber con la Justicia provienen del año 2016, cuando se limitó la continuidad del servicio a menos de 24 horas de su inicio. En esa oportunidad el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°15, hizo lugar a una medida cautelar que presentó el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia ordenaba suspender la actividad de la empresa hasta tanto no se dicte una sentencia definitiva en el caso.

Luego de Tres años, a principios del mes de mayo, la Justicia de la Ciudad  amplió el contenido de aquel fallo del mes de abril de 2016 e intimó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a que limite la actividad de la empresa de transporte de pasajeros y le solicitó al Ejecutivo que informe qué medidas dispuso para poder cumplir con lo ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15.