Corredores se movilizarán desde las 16.30 frente a la Legislatura porteña para mostrar su repudio a la norma sancionada en agosto pasado. Entre sus argumentos aseguraron que es “inconstitucional”.

Dueños de inmobiliarias porteñas se movilizarán mañana a la Legislatura y la semana próxima a la Quinta presidencial de Olivos para protestar contra la Ley de Alquileres que entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Una entidad de unos 300 corredores independientes autodenominada Inmobiliarias Agrupadas está convocando a la marcha que se realizará desde las 16.30 ante la Legislatura porteñapara presentar una queja, mientras que el 25 de setiembre lo harán a partir de las 11 en avenida Maipú y Villate, con la idea de poner en conocimiento de la problemática al presidente Mauricio Macri.

Corredores porteños afirmaron que “la ley es inconstitucional” porque ninguna norma local puede estar por encima del Código Civil y Comercial, que en su capítulo 4 define y regula los contratos de locación.

Ahora aguardan que Colegio Profesional Inmobiliario presente un amparo colectivo ante los tribunales para frenar la aplicación de la ley, dado que, según argumentaron, de forma individual no lo pueden afrontar porque los abogados les piden entre 10 mil y 20 mil dólares para realizar la presentación.

La norma fue aprobada a fines de agosto en la Legislatura porteña tras un arduo debate de una hora y media, fijando en 4,15% el valor máximo de la comisión por el alquiler de un inmueble en la Ciudad y estableciendo que ese pago corresponde a los propietarios y no los inquilinos, como ocurría anteriormente.

La iniciativa generó una fuerte polémica debido a que los propietarios se niegan a pagar los gastos y ordenan a las inmobiliarias que prorrateen el dinero en el valor del contrato para que en definitiva sea el inquilino quien lo abone.

Para los corredores, esa situación encarece los contratos de locación tanto de viviendas como de locales comerciales, por lo que termina afectando a quienes no pueden acceder a una casa propia y se ven obligados a tener que pagar un alquiler.

Además, al poner un techo del 4,15% a las comisiones, la ley pone en “jaque” a “decenas de inmobiliarias barriales que en definitiva son micro o pequeñas empresas con uno o dos empleados”.

Por eso, desde el sector calificaron como “demagógica” y “electoralista” la ley impulsada por la Coalición Cívica – ARI (integrante de la alianza Cambiemos) porque los honorarios de las inmobiliarias o los matriculados del sector “no son causantes del déficit habitacional”.