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La Justicia investigará a un policía en la nueva etapa de investigación por el crimen de Lucas González

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La Justicia de la Ciudad  investigará a un oficial de la fuerza procesado con la presunta participación en el encubrimiento del hecho por parte del jefe y del subjefe de la Policía de la Ciudad y con la imputación de otros siete efectivos y dos abogadas.

Luego de la condena a nueve policías de la Ciudad, tres de ellos a prisión perpetua, por el asesinato de Lucas González, se inicia una segunda etapa del caso con la investigación a efectivos policiales y dos abogados por la participación en el asesinato del joven futbolista de Barracas Central muerto de un balazo el 17 de noviembre de 2021 cuando salía de un entrenamiento. Asimismo, en la segunda etapa, se investigará a un oficial de la fuerza procesado, con la presunta participación en el encubrimiento del hecho por parte del jefe y del subjefe de la Policía de la Ciudad y con la imputación de otros siete efectivos y dos abogadas.

En tanto, el día miércoles, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y la prisión preventiva para Facundo Agustín Matías Torres, alias «Cachorro», el oficial detenido el mes pasado como acusado de colaborar con la simulación de haber «plantado» un arma de utilería en el auto de las víctimas con el que intentaron hacer creer que se había tratado de un enfrentamiento. En tanto, el fallo representa el paso previo a que el expediente sea elevado a juicio y, que por este caso exista en el futuro un segundo debate oral.

Por otro lado, Torres quedó procesado como presunto autor de los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas».

Asimismo, en ésta nueva línea de investigación tuvo su punto de comienzo pocas semanas atrás durante una de las jornadas del juicio oral que culminó el martes, cuando uno de los condenados por el encubrimiento del caso, el principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas (51), declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 e indicó  a Torres como uno de los policías que ayudó a plantar el arma en el auto en el que iban los adolescentes con el objetivo de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

En tanto, Cuevas dijo que la tarde del 17 de noviembre del 2021 Torres arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Gabriel Alejandro Isassi (42) -uno de los tres condenados por el homicidio a prisión perpetua-, en la maniobra de encubrimiento, llevándolo en su vehículo hasta la comisaría 4D para ir a buscar el arma falsa. «La secuencia descripta por el coimputado Héctor Claudio Cuevas durante el debate oral se vio respaldada por el material probatorio colectado», confirmaron los camaristas en el fallo y le atribuyeron a Torres algunas frases como «lo que hicieron los polis no tiene nombre», «unos dementes», «encima le ponen una pistola de juguete», «yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron».

Por otra parte, la investigación a cargo de Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32, continúa para establecer las responsabilidades en el encubrimiento del crimen por parte del jefe de la Policía de la Ciudad, el comisario general Gabriel Berard; el subjefe de la fuerza, Oscar Cejas; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Lucas Damián Evaristo Varas, Pablo Daniel Granara, Daniel Guffanti, Teresa María Luján Scorza, Lorena Miño y Micaela Fariña.

A la vez, fuentes de la  justicia confirmaron que las acusaciones se completan con las abogadas Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, y Silvia Alejandra Ozón, jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. «En el banquillo de los acusados debieron estar todos los imputados. Este hecho fue algo planificado ya que no fueron solo estos 14 efectivos que ya fueron juzgados (además de los 9 condenados, otros 5 fueron absueltos), sino que incluye a más policías y civiles, como estas dos abogadas, que el fiscal pidió su indagatoria y el juzgado se las negó», comentó una fuente de la investigación.

Paralelamente, en la sentencia del día martes, los magistrados que integran el TOC 25 ordenaron extraer los testimonios incluidos en el debate oral para que se investigue la actuación en el marco del caso que tuvieron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad, tal como lo había requerido la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, uno de los cinco absueltos en el juicio. «El jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”, comentó la abogada.

Por otra parte, Berard presentó un escrito en donde constituyó a dos abogados para estar notificados de la causa, tal como lo asiste el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, aunque la fiscalía no efectuó hasta el momento una imputación concreta hacia la autoridad máxima de la policía de la Ciudad.

Asimismo, el fiscal Gómez Barbella ya había imputado en la etapa de instrucción al comisario mayor Fabián Lencina, a cargo de la Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad. En tanto, de acuerdo a lo dicho por una fuente de la Justicia, Lencina «cumple la función operativa por debajo de Berard», es decir, es a quien le informa directamente los acontecimientos que van sucediendo.

A la vez, en la declaración indagatoria, el comisario inspector Daniel Santana, a cargo de la Comuna 4 de la Ciudad y uno de los absueltos en el juicio, confirmó que se comunicó con Lencina, su superior directo, con el objetivo de informarle lo sucedido. En esa oportunidad, el fiscal Gómez Barbella había solicitado su imputación para poder analizar sus comunicaciones, pero fue negada por el juez Martín Del Viso.

Asimismo, a las oficiales Miño y Fariña se las investiga por haber sido las primeras agentes en llegar a Alvarado y Pedriel, donde se encontraba la Volkswagen Suran con Lucas herido de muerte, por lo que fueron imputadas por Gómez Barbella, pero el juzgado les dictó la falta de mérito.

Por otro lado, la oficial Scorza fue indagada luego de ser señalada en una rueda de reconocimiento, pero beneficiada por falta de mérito, al igual que los agentes Granara y Varas, quienes se desempeñaban en la División Motorizada de la Comuna 4 y que fueron imputados luego del análisis de los GPS de los vehículos y del intercambio telefónico entre ellos respecto a situaciones sucedidas en la detención de los jóvenes.

Daniel Guffanti, oficial de la Comisaría Vecina 4D, es el último policía porteño imputado por el encubrimiento del crimen, luego de ser señalado por el propio Torres como su superior a cargo en la jornada del 21 de noviembre de 2021.

Finalmente, la instrucción de la causa, que prosigue a cargo de Gómez Barbella, también siguen imputadas las abogadas Andraca y Ozón, de quienes los investigadores tienen acreditado que estuvieron más de cuatro horas en Alvarado y Pedriel antes de la intervención de la Policía Federal Argentina. «No podían no estar al tanto de lo que pasaba. Ricardo Zúñiga, padre de Joaquín, describió a Andraca en su testimonial y fue señalada en la rueda de reconocimiento mientras que Ozón, superior de Andraca, enseña procedimiento legal en la Escuela de la Policía de la Ciudad», indicó una fuente con acceso al expediente.

Los sucesos

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 en el momento en que salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran. En tanto, los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban los policías Isassi (42), Juan José López (48) y Fabián Andrés Nieva (38) en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, quienes les dispararon y mataron a Lucas.

Luego de lo sucedido en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo ocurrido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, además, plantaron una réplica de arma en el auto de los adolescentes. En tanto, los tres amigos de Lucas, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente luego de determinarse que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

En tanto, por el homicidio fueron condenados a prisión perpetua Isassi, López y Nieva -todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- quienes fueron declarados coautores de «homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad» en perjuicio de Lucas y de las «tentativas de homicidio quíntuplemente agravado» de sus amigos.

Por otra parte, otros oficiales fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por las torturas a los cuatro adolescentes y el encubrimiento del crimen, en tanto que cinco policías  fueron absueltos.